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Emalsa sostiene que no hay razones jurídicas para su intervención municipal

Publicado el día 12-12-2013

Los servicios jurídicos de Emalsa trabajan en las alegaciones al expediente administrativo iniciado por la Concejalía de Gobierno del Área de Ordenación del Territorio, Vivienda y Aguas, en relación con la concesión administrativa de los servicios relativos al ciclo integral del agua.

REDACIÓN/LAS PALMAS DE GRAN CANARIA


En el oficio recibido en Emalsa el pasado día 5 se informa de que mediante resolución 32032, de 25 de octubre último, se inició el expediente administrativo “para determinar las consecuencias de las manifestaciones del informe del Jefe del Servicio de Aguas.”

Este informe técnico del Jefe del Servicio de Aguas, que origina el expediente, fue firmado por su titular el pasado día 4, es decir 40 días después de iniciado el expediente. El informe de la Dirección General de la Asesoría Jurídica está fechado el mismo día 4.

Es reveladora, pues, la anticipación de la Concejalía abriendo un expediente sobre la base de sendos informes, el técnico y el jurídico, cuando aún no se habían redactado.

La razón jurídica que promueve la intervención de cualquier concesión es la perturbación grave del servicio por cualquiera de las causas que contempla la Ley. No es el caso de Emalsa, como lo reconocen los responsables municipales.

Asimismo, sorprende la difusión pública de los referidos informes con la consiguiente alarma social acerca de la sociedad de economía mixta, sin que de manera previa hayan sido puestas en conocimiento de sus gestores las supuestas irregularidades en las que se sustentaría el expediente.

----Informes técnico y jurídico a la medida de la hoja de ruta----

Por el conjunto de resoluciones e informes a los que el ayuntamiento nos ha dado acceso a partir del 5 de diciembre hemos podido saber que el Jefe del Servicio de Aguas, señor Bolívar Toledo, declara que los problemas que se detectan en múltiples frentes exceden con creces su capacidad de respuesta.

Ante ello, aconseja a la concejalía correspondiente “la aprobación de figuras que permitan procedimientos fluidos, regulares y eficaces de supervisión, con objeto de normalizar y enmarcar adecuadamente las relaciones contractuales e institucionales EMALSA/Ayuntamiento”.

De haberse trasladado esta sugerencia a Emalsa, ésta lo habría celebrado y, en consecuencia, posiblemente asumido.





Sin embargo, el Director General de la Asesoría Jurídica, señor Ramón Balmaseda, manifiesta que las carencias de la infraestructura enumeradas por el señor Bolívar, son “incumplimientos por Emalsa de sus obligaciones contractuales con el Ayuntamiento y con el interés público”.

El Servicio Jurídico Municipal acredita así, como cierto, un catálogo de interpretaciones erróneas que como tal quedarán probadas en las alegaciones en curso y de las que nos ocuparemos más adelante.

----Emalsa niega tajantemente que dichos incumplimientos hayan existido, ni en relación con los cinco problemas resumidos por los informes, ni en ningún otro ámbito----

El informe del Jefe del Servicio de Agua reconoce su incapacidad para ejercer el control que tienen encomendado, aunque no detalla si ello se debe exclusivamente a la carencia de medios. El titular de este servicio, el señor Bolívar, sin embargo, desvía su responsabilidad sobre tal estado de cosas a Emalsa.

De esta manera, y como si la organización municipal y su buen funcionamiento no fuera de la exclusiva competencia del Ayuntamiento, el informe señala que ya en 2011 se denegó un aumento en la tarifa del agua, “por no estar en condiciones de informar… acerca de las inversiones que Emalsa declaraba haber realizado” (sic).

A partir del 2012, y durante todo 2013, el señor Bolívar encuentra dificultades para informar las facturas de saneamiento, por no conocer “el cumplimiento de las obligaciones contractuales… así como los factores que afectan al equilibrio económico-financiero” (sic).

Es muy improbable que cualquier concesionario de servicios, ante la necesidad de dar equilibrio a sus cuentas, no ponga sobre la mesa toda la información necesaria. Que Emalsa no haya colaborado con el Servicio de Aguas en aspectos que condicionan su resultado económico (un aumento de tarifas) o su equilibrio financiero (que le paguen las facturas por servicios que ya ha prestado) es, sencillamente, inconcebible. Y, como tal, es falso.

El Ayuntamiento, como socio de Emalsa y participante en su máximo órgano decisorio (el Consejo) ha tenido acceso directo y constante a todas las informaciones internas y externas de la sociedad, incluidas las de gestión. Como base de sus expedientes de revisión de tarifas (o del pago de sus facturas), Emalsa ha comunicado una y otra vez todos estos datos al Ayuntamiento. Además, desde el año 2012, ha respondido a los requerimientos específicos de información del Servicio de Agua con detallados y costosos dossiers.

Como prueba de ello, basta constatar que las cuentas de la Compañía, durante todo este tiempo, se han formulado por el Consejo y aprobado en Junta General con el apoyo puntual y regular de todos sus socios, público y privados.

El análisis de los “problemas severos o críticos” que justificarían la alarma municipal y ciudadana, sin embargo, exonera a Emalsa de responsabilidad de todos y cada uno de ellos.







Porque “el funcionamiento precario de las principales instalaciones… por cumplimiento de su vida útil” puede ser un riesgo para el servicio, pero nunca un incumplimiento contractual de la concesionaria ni una causa para la intervención si, como es el caso, no se traduce en una perturbación del mismo.

Y de este riesgo no puede culpabilizarse a Emalsa, que lo sufre y se ve obligada a mayores esfuerzos y equilibrios en la operación y mantenimiento de estos activos (origen de mayores costes), sino a la falta de diligencia de su propietario y titular del servicio (a pesar de conocer y confesar su obsolescencia) para renovarlas.

Equilibrios como los que cita el propio informe respecto a la desaladora LPIII, cuyas dificultades de parada no son debidas a ninguna obsolescencia, sino a la necesidad de trabajar por encima del 95% de su capacidad nominal para atender la demanda ordinaria de agua desalada. Emalsa recuerda que el Plan Estratégico 2008-2020 ya detectaba este problema y recomendaba con urgencia no solo la ampliación de LPIII, sino su desdoblamiento con otro módulo en la zona Norte, a fin de evitar el riesgo de tener una única toma de agua.

Por si fuera poco, el informe parece acusar a Emalsa de no amortizar activos que no le pertenecen ni han estado ni podrán estar jamás en su balance. Quizá se confunda este concepto con el de Fondo de Reversión para la recuperación de lo invertido (que nunca se ha implementado pero que podría ser conveniente) o con algún fondo de renovación, que hubiera sido una buena idea (visto desde hoy) pero que el Ayuntamiento nunca previó ni permitió recaudar vía tarifa los medios para constituirlo.

Para el segundo problema, el “colapso de zonas cada vez más significativas del saneamiento”, el Servicio de Agua apostilla que, en colaboración con Emalsa, han confeccionado planes urgentes por valor de más de 12 M€ (que sin duda aliviarían los colapsos) pero cuya inclusión en el presupuesto 2014 (del Ayuntamiento) es improbable. No podemos imaginar cómo este problema puede ser fundamento para que el Ayuntamiento, cuya intención de solucionarlo es improbable (en palabras de su propio técnico), intervenga una concesionaria que necesita y colabora con él en su solución.

De igual forma, la “incapacidad de avanzar en el proceso de lucha contra los vertidos… al mar”, cuya única solución es aumentar la capacidad de depuración del sistema, nunca puede ser atribuida a Emalsa, que lo ha señalado ampliamente en el Plan Estratégico y sus actualizaciones y, encima, sufre las sanciones que no puede evitar con las competencias de que dispone.

El informe del señor Bolívar termina de forma prudente, asumiendo una parte de responsabilidad en los problemas y admitiendo que, por su inacción, Emalsa puede tener derecho a “subidas de tasas y tarifas” que, al no concretarse, “pueden generar un desequilibrio indeseable en la empresa mixta”. También admite que la única solución “para atender las cuantiosas necesidades de inversión detectadas…” es “la formalización de un contrato-programa con la concesionaria y/o sus socios privados”.

----La Asesoría Jurídica municipal acredita, sin razonar, acusaciones que Emalsa rechaza por falsas----





El informe de la Asesoría Jurídica, sin embargo, se olvida de los problemas “severos o críticos” del informe y los resume en cinco nuevos puntos.

El primero insiste en la dificultad del Servicio de Agua para ejercer la supervisión, “motivada por la conducta dilatoria y obstruccionista de Emalsa”. La compañía niega que su conducta pueda ser calificada en ningún caso de dilatoria o obstruccionista. El propio informe técnico reconoce la ingente cantidad de información facilitada por Emalsa.

El segundo habla de “opacidad… que imposibilitan los cálculos de las tarifas del servicio…”, en la increíble tesis de que Emalsa boicotea los aumentos de ingresos que necesita.

El tercero comenta “la delicada situación en la que se encuentra el stock de capital público…” que por su condición de público nunca podría ser de Emalsa, y lo achaca a “la inexistencia de cuentas de amortización…” (Que Emalsa no puede tener porque el activo no le pertenece).

El cuarto habla directamente del “incumplimiento de Emalsa de su obligación de formular aquellos contratos programa en los que se definan de manera clara las obligaciones de ambas partes durante la vida de la concesión…”

Hay que recordar que el contrato programa, instituido por el art. 5º del Pliego, es un instrumento opcional para financiar y construir obras de mejora, cuya iniciativa (en su apartado tercero) corresponde siempre al Ayuntamiento. Mientras Emalsa ha propuesto sucesivos planes de inversión para remediar los problemas de las instalaciones, no conocemos ninguna iniciativa municipal para abordarlos en el marco de un contrato programa (que con gran probabilidad habría sido aceptada) Pero en ningún caso dicha figura está pensada para otra cosa que las obras, ni su formulación constituye obligación alguna para el concesionario.

El quinto, muy de pasada, menciona una “vulneración de Emalsa de la legalidad…”, consistente en contratar con terceros la ejecución de las obligaciones propias…” Conviene advertir que Sercanarias no puede ser considerado un tercero para Emalsa al tratarse de una empresa vinculada según la propia definición de la ley.

Con este bagaje, el señor Ramón Balmaseda califica los hechos de incumplimiento contractual de Emalsa y, sin mediar razonamiento adicional, los da por acreditados, y también la afectación del interés público, sin importarle que el servicio nunca haya sido interrumpido y que la política tarifaria autorizada por el Ayuntamiento haya beneficiado enormemente a los ciudadanos. De donde concluye la necesidad de intervenir, e insta a que se adopten “medidas de participación en la gestión del servicio, para corregir las cuestiones señaladas por el Jefe del Servicio de Agua… y garantizar de esa manera la continuidad del servicio”

El fundamento legal de la intervención (art 226 RGCE) parece así poco fundamentado y en ningún caso se ha derivado perturbación del servicio público.

No hay razones para intervenir Emalsa, y sí para trabajar con ella en las soluciones posibles para el sistema del ciclo integral del agua de la ciudad de Las Palmas

Emalsa está dispuesta a ello.

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